Migración es

Decir África es evocar paisajes y pueblos tan ricos y diversos como su propia historia. Aunque se han escrito numerosos libros y se han rodado muchas películas sobre el comercio de esclavos de ese continente en Occidente, un aspecto menos conocido de ese capítulo se encuentra en India.

Sylviane Diouf. Crédito: Cortesía de la entrevistada.

En ocasión del Día de África, que se celebra este sábado 25, y de que este mes se rinde tributo a las raíces de Asia-Pacífico en el patrimonio estadounidense, IPS dialogó con Sylviane A. Diouf, prestigiosa historiadora que estudia la diáspora africana, sobre la presencia de africanos en India y el resto de Asia.

En ocasión de la celebración este sábado 25 del Día de África y del tributo que se rinde este mes a las raíces de Asia-Pacífico en el patrimonio estadounidense, IPS dialogó con la historiadora Sylviane A. Diouf, sobre la presencia de africanos en India y el resto de Asia.

Diouf es también una de las curadoras de una exhibición titulada “Africanos en India: De esclavos a generales y gobernantes”, que se desarrolla en el Centro Schomburg para la Investigación sobre la Cultura Negra, en Nueva York.

IPS: ¿Cuán diferente es la historia de los africanos asiáticos de la vivida por la diáspora africana en el resto del mundo, por ejemplo en América o Europa?

SYLVIANE A. DIOUF: No todos los africanos llegaron a Asia como esclavos. Algunos eran comerciantes, artesanos y líderes religiosos.

India tenía abundantes esclavos locales para realizar tareas duras, así que los africanos y extranjeros en general se ocupaban mayoritariamente en trabajos especializados, como empleados domésticos en hogares adinerados, en las cortes reales y en las Fuerzas Armadas.

Los africanos eran considerados guerreros excepcionales y, como tales, combatían en ejércitos en toda India, a la par de los locales, árabes, turcos y afganos. Podían ascender en sus filas y convertirse en “esclavos de elite”, acumulando riqueza y poder e incluso transformándose en gobernantes en su propio derecho.

La esclavitud de elite era a menudo un fenómeno fronterizo, con frecuencia en áreas que experimentaban inestabilidad debido a las luchas entre facciones y donde la autoridad hereditaria era débil.

Los gobernantes consideraban que los africanos eran confiables porque eran extranjeros sin conexiones con familia, clan o casta que los vincularan a las poblaciones autóctonas, así que los ascendían a funcionarios de las cortes, administradores y comandantes del ejército.

Estos esclavos de elite estaban con frecuencia en el centro de las disputas de las cortes, y a veces tomaban el poder para sí. Los esclavos que eran soldados, guardias y guardaespaldas eran habitualmente liberados luego de unos años de servicio, a menudo se casaban con mujeres locales y se integraban a la sociedad más amplia.

IPS: ¿Por qué cree que los africanos podían distinguirse tan fácilmente en países como India, a diferencia de los occidentales, digamos? ¿Hay en estos últimos una mayor tradición de asimilación, que hizo posible que los africanos pasaran de esclavos a generales y luego a gobernantes?

SAD: Debido a las leyes islámicas, los africanos esclavizados tendían a tener una movilidad social mucho mayor que la que tenían los africanos del oeste en América.

Una característica distintiva de la esclavitud en el mundo islámico era que, contrariamente a lo que ocurría en Occidente, el cautiverio y la “raza” no estaban vinculados. En cambio, factores como la religión, la condición étnica y la casta a menudo influían mucho más que el color de la piel.

El éxito de los africanos en India fue suyo, pero también es un fuerte testimonio de la apertura mental de una sociedad en la que constituían una pequeña minoría religiosa y étnica, originalmente de baja categoría.

Como extranjeros y musulmanes, los africanos gobernaron a las poblaciones originarias hindúes, judías y también musulmanas. Eso habría sido impensable en Occidente.

Actualmente, entre los 1.200 millones de indios hay de 50.000 a 70.000 descendientes de africanos. De ahí que no sorprenda que la mayoría de los habitantes de este país nunca hayan oído sobre ellos.

Muchas personas conocen al famoso Malik Ambar, un exesclavo etíope del siglo XVI que se convirtió en primer ministro y regente y fue amargo enemigo de los mogoles, pero algunos ignoran que fue africano.

Nuestra exhibición viajará a India y esto ayudará a que más de sus habitantes sean conscientes del lugar que ocupan los africanos en su historia.

IPS: ¿Cuál es la situación actual de estos africanos en India? En la mayoría de los casos, ¿por qué cree usted que continúan viviendo en la pobreza?

SAD: Una mayoría de “sidis” (como se llama a los africanos en India) viven en la pobreza o son parte de la clase trabajadora: choferes, empleados domésticos, guardias de seguridad, etcétera. Otros son agricultores y algunos pertenecen a la clase media. Según sus propias organizaciones, la falta de educación y de un liderazgo fuerte son impedimentos.

Algunos sidis son reconocidos como “tribus registradas” y se benefician de programas de acción afirmativa, pero a otros se les niega ese estatus o no se les da la oportunidad de usarlo.

IPS: ¿Qué observaciones le mereció su visita a India? La comunidad africana allí, ¿está al tanto de sus raíces y su identidad? ¿Le importan?

SAD: Es una comunidad diversa. Algunas personas están al tanto y les importa; otras no y tal vez no les importe. Las personas que conocí eran muy conscientes de su identidad como descendientes de africanos y como musulmanes. También eran muy conscientes de ser indias.

En los últimos años, académicos occidentales e indios investigaron a las comunidades para realizar libros, tomar fotografías, escribir artículos, montar exhibiciones y hacer documentales, y eso hizo que algunos sidis aprendieran sobre su propia historia y la valoraran.

IPS: ¿Considera que la imagen de África esté cambiando en el mundo de hoy? ¿Ha logrado ir más allá de los estereotipos de pobreza, hambre y privaciones?

SAD: Pienso que la imagen ya ha cambiado positivamente en algunos círculos: el mundo de las artes, entre las generaciones más jóvenes, por ejemplo, gracias a una extraordinaria tanda de escritores, pintores, músicos, diseñadores, arquitectos y otros artistas que están produciendo unas obras maravillosas.

En los 10 años transcurridos desde la llegada a la Presidencia de Argentina de Néstor Kirchner, sucedido en el cargo en 2007 por su esposa, Cristina Fernández, cayó la pobreza, creció el empleo y mejoró el acceso a la educación, aunque no hay acuerdo sobre los números exactos de los cambios.

Según el cristal con que se mire, la pobreza se redujo más o menos, pero en cualquier caso bajó en la década de gobiernos kirchneristas, aseguran expertos y activistas consultados por IPS.

“Estamos más cerca que nunca del hambre cero, aunque todavía hay chicos desnutridos”, sintetiza el líder y cofundador de Red Solidaria, Juan Carr.

El hambre, las recurrentes inundaciones, el frío extremo, las epidemias, la necesidad de un transplante urgente, son varios de los problemas sociales que ponen en la línea de fuego a Carr y a su gente de Red Solidaria, una organización no gubernamental que desparrama voluntarios por todo el país.

“A los argentinos los indigna la pobreza. Esta actitud es una novedad de hace 15 años. Antes no ocurría. Sólo a los más progresistas les preocupaba este tema. Hoy se involucran todos. Pero la mirada es un poco inmadura. Muchos se enojan”, añade.

En la entrevista con IPS, Carr se preocupa por escapar de la disputa entre portavoces del gobierno centroizquierdista de Fernández y de la oposición sobre si la pobreza cae o no. Para él, los datos no son ni tan optimistas ni tan dramáticos como se presentan de uno y otro lado.

“Estamos más cerca que nunca del hambre cero, aunque todavía hay chicos desnutridos”. Juan Carr, líder y cofundador de Red Solidaria.
Más de 54 por ciento de la población argentina vivía en la pobreza a fines de 2001, cuando estalló la profunda crisis socioeconómica que derivó en multitudinarias protestas callejeras y una fuerte represión policial que dejó decenas de muertos y heridos y, finalmente, con la renuncia de Fernando de la Rúa cuando solo había cumplido dos de los cuatro años de mandato presidencial.

Kirchner, fallecido en octubre de 2010 a los 60 años, asumió el gobierno el 25 de mayo de 2003 tras una serie de presidentes interinos y desde entonces ese indicador casi no dejó de bajar. El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), correspondiente a fines de 2012, indica que 5,4 por ciento de los 40 millones de argentinos son pobres.
Pero opositores y algunos expertos dudan de esas cifras del Indec, al que cuestionan desde su intervención en 2007. Consideran que se basa en una canasta básica subvaluada, que no contemplaría la inflación real.

Por ejemplo, estudios presentados por la privada Universidad Católica Argentina señalan que la pobreza aún afecta a 26,9 por ciento de la población.

Algo parecido ocurre con el desempleo, que según datos oficiales pasó de 24 por ciento de la población económicamente activa en 2002 a 16,3 por ciento en 2003 y, desde entonces, siguió con tendencia a la baja hasta posicionarse en 7,9 por ciento en la última medición. Estas cifras también son cuestionadas.

Carr sostiene que, según su intuición y “mirando el asunto de reojo”, el dato real de pobreza “está en el medio”. “No parece que afecte a 30 por ciento, pero tampoco a cinco. Yo creo que lo razonable es creer que uno de cada cinco argentinos sigue siendo pobre”, arriesga.

En ese marco de lucha contra la pobreza, el activista destaca “dos momentos gloriosos” en la última década.

Uno fue en 2003, cuando la actividad agropecuaria comenzó a recuperarse y el gobierno tuvo una política social “muy buena”. “Ahí se comenzó a producir alimentos fuertemente y eso provocó una tremenda baja en las muertes de menores de seis años por problemas relacionados con la alimentación”, precisa.

Luego, con la entrada en vigencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social impulsada por el actual gobierno de Fernández, llegó otro momento destacado por Carr. “Al menos 500.000 personas salieron de la pobreza extrema en apenas unos meses”, asegura.

La AUH, que se lanzó en 2009, a mitad del primer mandato de Fernández, es una transferencia de ingresos del Estado para menores de 18 años, hijos de padres sin empleo o con empleos precarios (sin aportes a la seguridad social). Como contrapartida, los beneficiarios deben cumplir con la escolaridad y con los controles médicos periódicos.

El Estado otorga 340 pesos por mes y por hijo (65 dólares) hasta junio, cuando el monto se incrementará a 460 pesos (88 dólares), para un universo de unos 3,3 millones de menores integrantes de 1,8 millones de familias.

Este aporte también es recibido por mujeres embarazadas sin empleo, por discapacitados sin límite de edad y por quienes trabajan por su cuenta en cooperativas impulsadas por el Estado y que aportan un impuesto mínimo, llamado monotributo social.

Al margen de los más vulnerables de siempre, también sectores medios que habían caído en la pobreza lograron recuperarse en la última década. En algunos casos, incluso, sus vidas cambiaron por completo.

Guillermo Mesa, hoy con 46 años, manejaba su propio taxi a fines de la década del 90. No había terminado la escuela secundaria. La crisis de 2001 fue fatal para él. “Me quedé sin nada”, cuenta a IPS. Sin empleo, su matrimonio se quebró en pocos meses.

“En esa época empezaron los robos de automóviles. Yo perdí el mío y, cuando el seguro me pagó, con esa plata (dinero) no me compraba nada”, recuerda. Se refiere a comienzos de 2002, cuando la moneda argentina sufrió una brusca devaluación frente al dólar.

“Estuve dos meses sin conseguir nada. Hice changas (trabajos eventuales). Conseguí algo como chofer de remise (automóvil de alquiler), pero me costó la separación. Tenía la nena de un año y un varón de 12”, describe.

Para 2003, Mesa resolvió aprobar las materias que debía de la escuela secundaria. “Después empecé a hacer cursos de plomería y de electricidad”, cuenta.

Los cursos los hizo en un Centro de Formación Profesional en Lanús, al sur de Buenos Aires. El centro dependía del Ministerio de Educación. “Llegué a tener mucho trabajo y tuve que tener algunos pibes (muchachos) a cargo”.

Para 2008, la Central de Trabajadores de Argentina abrió nuevos centros de formación y lo convocaron a trabajar como profesor. “Hice el curso de instructor y ahora doy clases de electricidad a mayores de 16 años”, completa.

Está conforme porque le pagan “en blanco”, es decir con aportes para la jubilación, seguro médico, vacaciones y aguinaldo, y ahora estudia para bibliotecario. “Termino el año que viene y quiero hacer el profesorado de matemática”, anticipa.

Mesa nunca pudo acceder a una vivienda propia. El automóvil no pudo volver a comprarlo, pero se volvió a casar y su hijo va a la universidad. “Fue bravo, pero tuve suerte. Ahora es más fácil conseguir trabajo y, si uno estudia, eso ayuda mucho”, recomienda.

Nangnyi Foung se dirige al secarropas, retira otro par de pantalones y lo coloca sobre la tabla de planchar. “Todavía tengo varios lavados más que hacer”, dice cuando el reloj señala las 21:00 y hace ya 14 horas que está trabajando.

Desde las 07:00 de la mañana está en pie en este lavadero ubicado en la norteña ciudad tailandesa de Chiang Mai. Esperaba haber terminado cuando llegaron dos clientes más.

No está en condiciones de rechazar a ninguno. “Necesito el dinero. Mi familia necesita que yo trabaje”, explica a IPS, mientras su voz tiene un dejo de desesperación al poner otra carga en el lavarropas.

A la entrada de este local hay seis máquinas de lavar. Los peldaños de una escalera conducen a la vivienda de Nangnyi Foung, a la que baja a altas horas de la noche solo para caer rendida antes de levantarse y volver a empezar.

Oriunda del estado de Shan, en la vecina Birmania, Nangnyi Foung llegó a Bangkok sumida en deudas.

Huyendo de la violencia persistente en su país natal, sacó préstamos y pagó abultadas sumas a intermediarios para que la trasladaran de modo seguro a Tailandia, donde, según había oído, la esperaban oportunidades laborales.

Diez años más tarde, todavía sigue trabajando para saldar sus deudas, levantándose diariamente para cumplir su riguroso turno de 14 horas, lavando, secando y planchando ropa ajena.

Al cabo de siete días de labor ininterrumpida, sus ganancias son de apenas poco más de seis dólares, buena parte de los cuales envía como remesa a su familia en Birmania.

Tomando la plancha a vapor, esta mujer relata a IPS que ahorra dinero durmiendo en el sótano del local. Si también tuviera que pagar alojamiento no podría mandar nada a sus cuatro familiares.

Los birmanos, que representan alrededor de 80 por ciento de los 2,5 millones de inmigrantes que componen la fuerza laboral de Tailandia, ayudan así de modo vital a sus parientes agobiados económicamente.

Birmania es uno de los países más pobres del sudeste asiático, y lucha por recuperarse tras décadas de estancamiento económico.

Actualmente, el salario mínimo en Birmania, equivalente a unos 180 dólares mensuales, alcanza para comprar entre ocho y 10 veces menos productos básicos de consumo diario, como arroz, sal, azúcar y aceite para cocinar, que hace 20 años. Allí, los ciudadanos promedio viven con menos de un dólar al día.

Aunque Birmania es el mayor exportador mundial de teca, jade, perlas, rubíes y zafiros, y tiene lucrativas industrias extractivas como la minera y la maderera, además de la generación de electricidad, muy poca de la riqueza natural del país llega a las masas. Aproximadamente 32 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza, y el desempleo es de 5,4 por ciento.

Según un estudio de 2006 sobre los trabajadores emigrantes de Birmania realizado por el Centro de Investigaciones Asiáticas para las Migraciones, más de dos tercios de los 600 consultados admitieron estar desempleados antes de emigrar a Tailandia.

Remesas sortean obstáculos

Aunque los trabajadores migrantes llenan vacíos cruciales en el mercado laboral tailandés y sus remesas representan cinco por ciento del producto interno bruto de Birmania, ninguno de los dos gobiernos ha intentado facilitar el flujo de dinero entre esas personas y sus familias.

Pese a que existen bancos comerciales o locales oficiales de “Xpress Money” (dinero exprés), la mayoría de los inmigrantes prefieren usar el canal informal de remesas conocido como sistema “hundi”.

Estas transacciones no autorizadas involucran a personas en Tailandia que transmiten los mensajes a miembros de su red en Birmania, quienes luego entregan la suma necesaria a la familia.

Algunos inmigrantes dependen de amigos y otros seres queridos que viajan entre los países vecinos para actuar como conductos, eludiendo así las costosas transferencias bancarias.

“No se puede confiar en los bancos, que además requieren un permiso de trabajo, una carta de recomendación de nuestro empleador y un pasaporte”, dice Nangnyi Foung. Muy pocos extranjeros tienen acceso a ese tipo de documentación.

Los inmigrantes cuyas familias viven en áreas rurales utilizan los servicios de intermediarios, que entregan el dinero en efectivo en la propia puerta del receptor, facilitándole el trámite.

Según un informe divulgado el 20 de este mes por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, los países asiáticos despacharon unos 60 millones de emigrantes al mundo, y estos “enviaron casi 260.000 millones de dólares a sus familias en 2012. Esto representó 63 por ciento de los flujos mundiales a los países en desarrollo”.

Pero el continente parece mal equipado para hacer frente a la llegada de remesas, que benefician a uno de cada 10 hogares asiáticos.

“Aunque la clara mayoría de la población de la región vive en áreas rurales, 65 por ciento de los lugares de pago están en áreas urbanas”, señala el informe. En la mayoría de los países asiáticos, solo los bancos están autorizados a realizar transacciones de divisas, dificultando que las comunidades rurales pobres accedan a fondos que proceden del exterior.

El estudio enfatiza la urgente necesidad de brindar “más opciones” a las familias receptoras de remesas para garantizarse y gastar este dinero, especialmente dado que nueve países asiáticos reciben actualmente envíos que “exceden 10 por ciento del producto interno bruto”.

El reporte tiene implicaciones políticas particularmente vitales para Asia sudoriental, donde 13 millones de migrantes actualmente viven y trabajan en el exterior. Tailandia se ha vuelto una “importadora neta” de mano de obra migrante, atrayendo a más del doble de la cantidad de migrantes para trabajar en su economía en expansión que lo que envía fuera de fronteras.

Mujeres resignan sus derechos laborales

Las mujeres constituyen casi 49 por ciento de los 214 millones de trabajadores migrantes en el mundo y son responsables de la mayor parte de las remesas que fluyen.

Muy conscientes de las necesidades de sus familias, como alimentación, vivienda, educación para hijos y hermanos menores, así como atención a la salud, a menudo las mujeres soportan condiciones extremas para enviar dinero a sus hogares.

El poblado de Mae Sot, ubicado en la frontera entre Tailandia y Birmania, alberga a la mayor cantidad de trabajadoras migrantes tailandesas, que trabajan más de 15 horas diarias en fábricas de vestimenta. Se estima que en 2012 este sector facturó 6.300 millones de dólares, mientras que las obreras que mantienen a la industria en funcionamiento ganaron entre 66 y 100 dólares por mes.

Kyoko Kusakabe, profesora adjunta de género y desarrollo en el Instituto Asiático de Tecnología y coautora de “La fuerza laboral oculta de Tailandia”, dijo a IPS que la mayoría de las inmigrantes en Mae Sot “evitan las huelgas y pierden sus derechos” en pro de mantener sus empleos.

Según ella, esto es parte de una cultura que obliga a las mujeres a ser “responsables” desde edades muy tempranas, mientras sus pares del sexo opuesto tienen pocas obligaciones.

Para Kusakabe, esta cultura se refleja en los patrones de las remesas: cuando la economía está en auge, los envíos de dinero que hacen los hombres aumentan, volviendo a caer cuando la economía está en crisis. En cambio, las remesas de las mujeres se mantienen estables independientemente del clima económico general, lo que sugiere que ellas ahorran más y postergan sus propias necesidades en épocas de austeridad económica, a fin de preservar el sustento de sus familias.

La investigación de Kusakabe concluyó que aunque las mujeres no cobren sus salarios o pierdan sus empleos, piden prestado dinero para enviarlo a sus hogares, temerosas de que sus hijos o sus padres pasen hambre sin su apoyo financiero.

Un comité investigador creado por el gobierno de Bangladesh concluyó que los responsables del colapso de un edificio el mes pasado, en el que murieron más de 1.000 trabajadores textiles, deben recibir cadena perpetua.

El comité, creado por el Ministerio del Interior, recomendó esa sentencia para el propietario del inmueble, en las afueras de Dhaka, donde funcionaban cinco talleres textiles.

El colapso del edificio Rana Plaza, el 24 de abril, el mayor accidente en el sector textil de la historia bangladesí, dejó en evidencia las duras condiciones laborales en esa industria de 20.000 millones de dólares y las falencias de seguridad para millones de trabajadores, que ganan apenas 38 dólares al mes.

El comité concluyó que el terreno donde estaba ubicado el Rana Plaza era inadecuado para un edificio de varios pisos, y señaló que la construcción era “de muy mala calidad”.

“Una parte del edificio fue construida sobre tierra donde antes hubo un cuerpo de agua, que fue tapado con desechos”, dijo este jueves 23 el presidente del comité, Khandaker Mainuddin Ahmed, a la agencia de noticias AP.

Ahmed dijo que Sohel Rana, propietario del Rana Plaza, fue “el principal culpable, y por él murieron 1.127 personas”.

El informe concluyó que se ignoraron los códigos de construcción al convertir el edificio, originalmente destinado a ser un centro comercial de seis pisos, en un complejo fabril de ocho plantas donde trabajaban más de 3.000 empleados.

Khandaker señaló que Rana y los propietarios de los talleres textiles, cuatro de los cuales fueron arrestados, obligaron a los empleados a seguir trabajando a pesar de que el 23 de abril se detectaron fracturas en la estructura.

“Amenazaron a los empleados con despedirlos o recortar sus salarios si se negaban a ir a trabajar”, indicó.

El comité también señaló que los propietarios usaban generadores de energía en los pisos superiores, desafiando así las regulaciones. El peso de los generadores, sumado al de la maquinaria textil, desencadenó el colapso.

Nuevas normas de seguridad

Una delegación de Estados Unidos, encabezada por la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Wendy Sheran, llegará este domingo a Bangladesh para reunirse con representantes del gobierno.

“Hablarán sobre reformas a las leyes laborales”, dijo el embajador estadounidense Dan Mozena.

“Hablarán sobre estándares de protección contra incendios… y sobre las pautas mínimas para la seguridad de las estructuras”, indicó.

El gobierno bangladesí ya prometió endurecer las inspecciones a las fábricas y facilitar la sindicalización de los trabajadores, así como crear consejos para aumentar los salarios de los tres millones de empleados en el sector textil.

Mozena dijo que todavía había “algunos asuntos importantes” por discutir, aunque no especificó cuáles.

Los bajos salarios y los reiterados accidentes fatales desataron varias protestas en los principales centros de producción textil de Bangladesh, frenando los embarques y obligando a algunos distribuidores a desviar sus envíos a otros países.

Más de 2.500 personas fueron rescatadas del desastre en el Rana Plaza. El comité instó al gobierno a brindarles tratamiento médico gratuito.

Publicado en acuerdo con Al Jazeera.

El severo bloqueo de Israel a la franja de Gaza está llevando a muchos jóvenes palestinos desempleados a adoptar medidas cada vez más extremas para obtener un medio de sustento.
En busca de trabajo, algunos intentan ingresar a Israel saltando la valla que separa a ese país de Gaza. Los pocos que procuran plantar la tierra cercana a la cerca reciben disparos de los soldados israelíes al otro lado de la frontera.

Otros tratan de emigrar a Egipto a través de túneles subterráneos, pero muchos mueren cuando estos colapsan.

Un acuerdo entre Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica) y la israelí COGAT (Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, por sus siglas en inglés) permite a los gazatíes acceder a la mayor parte de la tierra arable en la llamada “zona de amortiguación”.

Ese límite, creado por Israel y que impide a los gazatíes acercarse a 300 metros de la frontera, se redujo a 100 metros gracias a este convenio.

La zona de amortiguación abarca a algunas de las tierras más fértiles de Gaza, uno de los territorios más densamente poblados en el mundo, con más de 1,5 millones de personas en un área de 41 kilómetros de largo y entre seis y 12 de ancho.

Pero, a pesar del acuerdo Hamás-COGAT, “la situación sigue siendo volátil e impredecible, y los agricultores son extremadamente vulnerables”, dijo a IPS el activista Muhammad Suliman, de la organización de derechos humanos gazatí Al Mezan.

“Los palestinos siguen recibiendo disparos y son asesinados cuando están dentro o cerca de la zona de amortiguación”, añadió.

Mientras, marineros palestinos que trabajan dentro de la zona habilitada para la pesca, que el martes 21 fue extendida de tres a seis millas náuticas de la costa, en ocasiones son también atacados o arrestados por las fuerzas israelíes.

Obligados a depender de la ayuda

Aunque la desesperación económica de los residentes en Gaza se ha aliviado en parte por el incremento de la ayuda internacional, el desempleo sigue en alza. La franja se convirtió en uno de los lugares del mundo más dependientes de la asistencia externa.

“Más de 85 por ciento de los gazatíes dependen de la ayuda para sobrevivir, mientras que el desempleo afecta a 55 por ciento” de la población económicamente activa, dijo Suliman.

“La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) pide donaciones a toda la comunidad internacional para ayudar económicamente a los gazatíes”, dijo Chris Gunnes, portavoz de esa oficina.

“¿No sería mejor que Israel levantara su bloqueo y permitiera que los gazatíes fueran autosuficientes?”, añadió.

“A menos que se levante el bloqueo y se permita que algunas de las personas más emprendedoras salgan de Gaza para hacer negocios, el territorio seguirá siendo cada vez más dependiente de la ayuda internacional”, dijo a IPS.

Cada vez más ataques

Según Al Mezan, los ataques contra los pescadores de la franja aumentaron, paradójicamente, desde que Hamás e Israel acordaron un cese del fuego en noviembre.

En la primera semana de este mes, Israel hundió seis barcos palestinos, dañó nueve generadores de energía y 41 faroles usados por los pescadores al faenar de noche. En total hubo 13 incidentes separados de ataques contra embarcaciones palestinas.

Al Mezan señaló que en la tercera semana de mayo israelíes dispararon con metralletas contra un grupo de barcos pesqueros cuando se encontraban cerca de la costa Beit Lahiya, en el norte de la franja.

Los israelíes arrestaron a dos hombres, Mahmoud Zayid, de 27 años, y su hermano Khalid, de 25, que iban en una pequeña embarcación dentro de la zona permitida para la pesca y a apenas tres millas náuticas de la costa.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios subraya que, según los Acuerdos de Oslo, de 1993, los pescadores palestinos pueden navegar a hasta 20 millas náuticas de la costa.

Desde que Israel impuso el bloqueo en 2006, el área se redujo a seis millas náuticas, con un efecto devastador. Ese año se capturaron 2.500 toneladas de sardinas, mientras que en 2012 se obtuvieron apenas 234 toneladas.

Según la organización internacional Oxfam, las restricciones económicas impuestas por Israel están llevando a los gazatíes a arriesgar sus vidas saltando la valla fronteriza para cruzar a Israel en busca de trabajo, o atravesando los quebradizos túneles que llevan a Egipto.

En un informe que realizó en colaboración con Oxfam, el grupo Al Mezan señaló que, el año pasado, 101 palestinos intentaron cruzar la valla que separa Gaza de Israel, 53 de los cuales eran menores de 18 años. También en 2012, 18 palestinos murieron y 26 resultaron heridos cuando pretendían atravesar los túneles que van a Egipto.

El año pasado, el pescador Mahmoud y dos de sus amigos intentaron saltar la valla. Sus amigos murieron por disparos israelíes, pero él pudo escapar con una herida de bala en una pierna.

El joven había perdido su empleo de tiempo parcial en un café, donde ganaba cuatro dólares al día. Desesperado por obtener un trabajo que le permitiera mantener a su familia, se arriesgó a emigrar a Israel.

Noventa palestinos, incluyendo a 11 niños y tres mujeres, murieron en la zona de amortiguación en los últimos tres años y, como apuntó Suliman, “si bien algunos de estos eran combatientes… la mayoría eran civiles”.

El acuerdo para la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo confirmó que la Unión Europea (UE) todavía actúa como “imán”, atrayendo a sus vecinos, transformándolos e integrándolos.

Emma Bonino

Gracias a sus perspectivas de unirse a la UE, toda el área de los Balcanes se ha vuelto más estable y segura.

Pero, lamentablemente, este magnetismo virtuoso ya no ejerce la misma influencia sobre nuestros propios ciudadanos.

La UE se percibe cada vez más asociada a las políticas de austeridad que conducen a la recesión, el desempleo y la desesperación social. Y, lo que es más preocupante, hay señales de que la crisis actual no se limita a la esfera económica del bloque, sino que también impacta en sus valores más fundamentales.

En toda Europa vemos una intolerancia creciente, un apoyo cada vez mayor a los partidos xenófobos y populistas, discriminación y debilitamiento del imperio de la ley y poblaciones enteras de inmigrantes indocumentados, prácticamente sin derechos, castigados por su estatus más que por sus conductas individuales.

Nuestra comunidad inclusiva y abierta está amenazada por acciones destructivas que llevan a cabo grupos nacionalistas y demagógicos. Pero ellos no son los únicos que infligen daños a la UE.

En algunos países, incluida Italia, vemos demasiadas violaciones al Estado de derecho y y a los tratados internacionales y europeos, un sistema judicial poco confiable, condiciones inhumanas y degradantes en las prisiones, serios atropellos a los derechos humanos y casos graves de no rendición de cuentas.

¿Cómo podemos predicar el respeto a los valores universales en el exterior si estamos entre los países más condenados por la Corte Europea de Derechos Humanos?

Es de nuestro vital interés reaccionar ante todas estas tendencias alarmantes.

Para defender la construcción europea, necesitamos redescubrir su misión. Sus padres fundadores tuvieron que dejar de lado todo un mundo de prejuicios y temores. A partir de sus trágicas experiencias, sabían que construir fortalezas y muros bajo el disfraz de garantizar la paz y la seguridad era una ilusión.

Eligieron la integración y rechazaron las barreras. Entendieron que todas las libertades están estrechamente vinculadas: uno no puede querer el libre comercio y obstaculizar la libre circulación de las personas.

Grupos nacionalistas y demagógicos propagan temores y prejuicios por toda Europa, explotando el malestar y la desesperación social de quienes están sin empleo y no tienen fe en su futuro.

Como enfatizó el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi: “Es de particular importancia en esta coyuntura enfrentar el elevado desempleo de larga duración y el juvenil”. Esta es una misión fundamental del nuevo gobierno italiano. El flujo de datos todavía es deprimente, y nos urge a adoptar nuevas medidas en coordinación con nuestros socios y en pleno respeto de nuestros compromisos fiscales.

Sin embargo, creo que la opción no es simplemente entre ajuste fiscal y derroche, y que tampoco se puede abordar el temor y el disgusto con Europa solamente a través de medidas económicas o de ingeniería financiera. Ninguna solución es creíble sin una dimensión política y sin acompasar toda la arquitectura europea.

Necesitamos un nuevo logro: una solución federal.

He invertido mucho tiempo, pasión y energía en apoyar la creación de una Europa federal, no por motivos ideológicos sino simplemente porque no conozco otro sistema capaz de permitir que 500 millones de personas –de diferentes naciones, culturas, religiones y que hablan una multiplicidad de idiomas– vivan juntas en libertad y diversidad en el siglo XXI.

Federalismo no significa que el gobierno central europeo deba convertirse en un Leviatán, como describen las aterradoras palabras de los eurofóbicos.

Hace un par de años propuse una “federación ligera”, un modelo institucional que absorbiera no más de cinco por ciento del producto interno bruto europeo para financiar funciones gubernamentales específicas como la política exterior y de seguridad, investigaciones científicas, redes transeuropeas y seguridad de las transacciones comerciales, entre otras.

Por ejemplo, ¿cómo pueden los gobiernos europeos brindar una seguridad adecuada con menos recursos financieros? Solo un sistema europeo de defensa compartida, con Fuerzas Armadas comunes e integradas, nos permitirá salir del rincón al que nos confinan las severas restricciones presupuestarias.

Los gobiernos europeos son reticentes a dar pasos decisivos hacia este objetivo. Las consecuencias de esa reticencia son iniciativas fragmentadas, derroche de recursos y una disminución de la influencia europea en el escenario mundial.

Lo mismo se aplica a la investigación científica, un área donde a menudo los programas nacionales son demasiado pequeños para ser productivos y competir exitosamente con los enormes proyectos de las otras potencias mundiales.

Las elecciones parlamentarias europeas de 2014 serán una prueba significativa. Si queremos impedir el peligro de que los partidos populistas estén sobrerrepresentados, necesitamos poner a la Europa federal en el escenario central de la campaña electoral.

Las familias políticas pro europeas deberían presentar su propio candidato a la presidencia de la Comisión Europea (órgano ejecutivo del bloque) y agendas políticas para el futuro de la UE, poniendo énfasis en que una solución federal ahorrará recursos financieros significativos.

De este modo, la perspectiva federalista puede asumir un significado concreto para toda la ciudadanía, evitando el riesgo de que la perciban como una cuestión jurídica abstracta.

En 2014, exactamente un siglo después del asesinato de (el archiduque de Austria y heredero al trono del Imperio Austro-Húngaro) Franz Ferdinand en Sarajevo, que condujo a la destrucción de Europa, tendremos otra oportunidad de dar ímpetus al proyecto federal, bajo la presidencia italiana de la UE.

Y después de 2014, una evaluación de los tratados puede dar a la ciudadanía europea una sensación de propiedad más potente de sus instituciones comunes, y garantizar una mejor coexistencia entre los países de la eurozona y los demás estados miembro.

Si Europa no soluciona sus problemas de recesión y populismo, podemos perder todo lo que logramos desde los años 50, sin que podamos estimar cuánto llevará recuperar el mismo nivel de democracia, prosperidad y estabilidad que tuvimos.

Pero si adoptamos una nueva visión, comprometemos a nuestros pueblos y unimos a nuestros gobiernos, podemos empezar una nueva fase en la que impulsemos el crecimiento y fomentemos la legitimidad democrática y la influencia mundial.

* Emma Bonino es la ministra de Relaciones Exteriores de Italia.

El tratamiento de asuntos como la propiedad del carbono forestal y el mecanismo de consulta previa amenazan con descarrilar los planes para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+) en algunos países de América Latina, según especialistas.

Esos temas obstruyen el diseño del plan de México dentro del Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (ONU REDD). En Panamá llevaron a sus pueblos indígenas a retirarse del programa.

“El gobierno anterior dejó escapar la oportunidad de concluir el proceso por temor a la participación social, especialmente de pueblos indígenas y comunidades campesinas”, dijo a IPS el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), Gustavo Sánchez.

La administración que inició su sexenio en diciembre no se ha pronunciado “sobre si va a hacer suyo el borrador existente” del plan nacional, añadió.

“México sería el segundo país en avance de la región de Mesoamérica, porque Costa Rica ya está en el proceso de aplicación de la consulta, después de llegar a un acuerdo entre indígenas y el gobierno”, refirió.

La REDD+ es un plan de acción que financia programas nacionales en 16 países del Sur en desarrollo para combatir la deforestación, reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero.

La iniciativa fue lanzada en 2008 por una agencia y dos programas de la ONU: la FAO, que se ocupa de alimentación y agricultura, el PNUMA, que entiende sobre ambiente, y el PNUD, encargado de cuestiones de desarrollo. Su fin es promover la conservación, el manejo sostenible y el aumento de los depósitos de carbono en los bosques existentes.

Por América Latina participan Bolivia, Ecuador, Panamá y Paraguay, mientras que hasta ahora se adhirieron como socios sin recibir financiamiento Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Perú. En total, participan 46 países del Sur.

México tiene unos 65 millones de hectáreas cubiertas de árboles, que son parte de los territorios de unas 2.300 comunidades, 600 de las cuales manejan empresas forestales, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Este país, con casi 117 millones de habitantes, emite anualmente unas 748 millones de toneladas de CO2, uno de los contaminantes responsables del recalentamiento del planeta. Cerca de 16 por ciento corresponde a las actividades agropecuarias, la tala de bosques y a otros usos de suelo.

Las autoridades estiman que se pierden anualmente unas 150.000 hectáreas de bosques, pero organizaciones ambientalistas sitúan esa merma por encima de las 500.000 hectáreas.

En febrero, los pueblos indígenas panameños se retiraron del programa piloto, al considerar que irrespeta la consulta libre, previa e informada, lesiona los derechos colectivos sobre la tierra y vulnera la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007.

“El Estado nos tiene marginados. Lo primero que debe garantizar el programa son las salvaguardas indígenas. No tiene sentido continuar con el programa”, dijo Héctor Huertas, de la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá, que representa a la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá.

Por eso, explicó a IPS, la coordinadora que agrupa a los siete pueblos originarios de la nación centroamericana interpondrá en los próximos días una demanda ante un tribunal administrativo en contra de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá para detener la REDD+.

En Panamá, un país de 3,5 millones de personas, habitan unos 417.000 indígenas, según el censo de 2010, sobre una superficie de 16.634 kilómetros cuadrados, equivalente a 29 por ciento del territorio total. Los territorios indígenas funcionan bajo la figura de propiedad colectiva y su tierra no puede ser enajenada ni vendida.

La crisis en ese país con el plan abona la sospecha de docenas de organizaciones no gubernamentales y académicos de distintas partes del mundo de que la REDD+ no es una solución de fondo para los problemas ambientales.

Además, puede ser una lección para los países que estructuran esos programas.

El estudio “Análisis legal de temas transversales en la ejecución de REDD+. Lecciones aprendidas de México, Vietnam y Zambia” , destaca que “las leyes de México no especifican quién posee el carbono, pero podemos presumir que los propietarios de los bosques y los sujetos de derechos serán los beneficiarios directos”.

“La clarificación de los derechos de la tenencia de la tierra es un componente crucial de los enfoques forestales para combatir el cambio climático y definir los derechos de carbono relacionados”, plantea el documento, publicado el 2 de mayo por ONU REDD.

El informe “Juntando las piezas para una buena gobernanza de REDD+: un análisis de 32 propuestas de preparación nacionales”, publicado en marzo, concluye que pocos países de esta iniciativa “consideran opciones de diseño o retos específicos relacionados con la repartición de beneficios, resolución de conflictos o sistemas de administración de ganancias”.

Pero destaca como positivo que “la mayoría incluye planes para abordar estos temas mientras las actividades preparatorias avanzan”.

El documento , elaborado por Lauren Goers Williams, del estadounidense Instituto de Recursos Mundiales, sostiene que “relativamente pocas propuestas preparatorias identifican pasos siguientes específicos para abordar los desafíos de tenencia de la tierra o establecer mecanismos de coordinación con instituciones locales durante la planeación y ejecución de REDD+”.

Aunque en México hay seis proyectos piloto de la REDD+, conocidos como acciones tempranas, es difícil que la estrategia nacional quede lista este año.

“Es preocupante cómo avanzan las acciones tempranas, porque no hay un eje nacional que tendría que venir primero. Se le da menos importancia a propiedad y derechos y más a la medición, reporte y verificación del carbono. Se avanza más en la parte técnica, pero no tiene ninguna perspectiva de sostenibilidad”, criticó Sánchez.

Organizaciones no gubernamentales concernidas en el proceso pedirán a la Comisión Nacional Forestal una definición respecto de la negociación de la estrategia nacional, para dirimir los temas críticos.

En el caso de Panamá, Huertas explicó que los pueblos originarios “demandábamos que hubiera expertos indígenas en el programa y que la consulta la hiciera la coordinadora. Ahora queremos una suspensión bajo el principio precautorio, porque se vulneran derechos fundamentales”.

El retiro indígena se ventila en el 12 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se desarrolla en Nueva York entre el 20 y el 31 de este mes.

ONU REDD adelanta actualmente una evaluación externa del programa en Panamá.

Su estudio indica que “para asegurar la distribución exitosa y equitativa de los beneficios de REDD+, la legislación respectiva debe incorporar procedimientos y normas claras y armonizadas, permitiendo la participación abierta entre actores en los niveles subnacional y nacional”.

El Caribe no puede darse el lujo de tomarse un tiempo para actuar contra el cambio climático. De hecho, se encuentra al borde de una catástrofe, alertó el científico jamaiquino Conrad Douglas.

El experto, quien ha publicado más de 350 informes sobre manejo ambiental y asuntos relacionados, subrayó que la región necesita “una acción urgente en todos los niveles”.

El especialista alertó también que la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera está llegando a un punto límite.

“Hay 445 partes por millón (PMM) de dióxido de carbono, esto es apenas cinco PPM por debajo… del límite que fue proyectado como catastrófico para el mundo”, dijo a IPS.

Dado que cada año se suman 2,5 PPM a la atmósfera, Douglas advirtió que dentro de dos años la Tierra alcanzará un punto decisivo, en el que eventos climáticos aun más catastróficos podrían azotar a la población mundial.

“Hemos llegado a una coyuntura en la que todo el planeta afronta una situación precaria”, dijo el científico. “Nos dirigimos a un momento peligroso para la Tierra”, alertó.

“Consecuencias potencialmente irreversibles”

El año pasado fue el más cálido de la historia reciente, con las temperaturas más altas desde que comenzaron a ser registradas en 1895.

“Aún recordamos al huracán Sandy… y la destrucción que causó en nuestra región y en la costa oriental de Estados Unidos”, indicó Douglas, antes de puntualizar que muchas partes afectadas todavía no se han recuperado.

Otro científico especializado en clima, John Crowley, dijo que el ciclo del nitrógeno en el planeta se ha desequilibrado gravemente debido al uso excesivo de fertilizantes no orgánicos.

“Eso, según especialistas, tiene consecuencias catastróficas y potencialmente irreversibles, que obligan a repensar los sistemas agrícolas, incluyendo el uso de fertilizantes”, dijo a IPS.

Estos dos científicos participaron de una reunión de expertos sobre formulación de políticas ambientales, celebrada el 15 y el 16 de este mes en esta ciudad y auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“En 2011, cuando por primera vez analizamos estos temas, quedó claro que el conocimiento sobre el cambio climático en el Caribe es insuficiente”, indicó Crowley, también representante de la Unesco.

En 2009, un grupo de artistas jamaiquinos lanzaron una campaña de educación nacional sobre cambio climático. Fue parte de un proyecto implementado por Panos Caribbean, organización regional que ayuda a periodistas a cubrir temas de desarrollo sostenible, y por el Comité Nacional de Educación sobre Ambiente.

Los artistas produjeron un paquete de información diseñado para educar al público jamaiquino, que incluyen un disco compacto de canciones sobre el recalentamiento planetario, con un tema principal titulado “Cambio climático” y que también tiene su video clip.

Un asunto mundial

“Creo que finalmente hemos despertado a la urgencia de la situación, y que finalmente hemos puesto a prueba y excedido la capacidad del planeta de absorber y asimilar los contaminantes que creamos y descargamos”, dijo Douglas.

“Lo que necesitamos ahora es nada menos que algo como un Proyecto Manhattan” pero para rescatar a la Tierra, sostuvo.

Marcus Natta, analista de proyectos del Ministerio de Desarrollo Sostenible de San Cristóbal y Nieves, dijo a IPS que la reunión había sido muy oportuna.

“Lo importante de esta conferencia particular es que se concentró en la acción. Creo que a diferencia de muchas otras reuniones, si esta vez realmente podemos concretar a acción luego de la planificación, lograremos un gran éxito”, señaló.

La pequeña isla de Nieves es considerada uno de los pocos paraísos de la Tierra que permanece intacto y una de las maravillas del Caribe. Douglas espera que las acciones acordadas en la reunión sirvan para preservarla así.

“Esperamos que, en el contexto que afrontamos hoy, se puedan preservar su belleza y encanto por mucho tiempo mientras tomamos acciones sabias para proteger el hábitat de la humanidad y de todas las criaturas vivientes”, dijo el científico a sus colegas.

“Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Son nuestras actitudes, nuestros valores y nuestro fracaso en cambiar nuestro comportamiento que nos llevaron a este punto crítico”, alertó.

Además señaló que la humanidad va por un camino que “amenaza con sumergirnos en un ciclo perpetuo de pobreza y miseria”.

Brasil muestra un gran déficit de justicia, leyes e instituciones que garanticen los derechos humanos de sus habitantes, expuestos en muchos lugares a situaciones de alto riesgo ante el fuego cruzado de la criminalidad y las fuerzas de seguridad, advirtió este miércoles 22 Amnistía Internacional.

“En los últimos años hubo importantes avances en materia de derechos básicos en este país, pero en varias áreas persisten las vulnerabilidades”, dijo Átila Roque, director ejecutivo del capítulo brasileño de esta organización no gubernamental con sede central en Londres.

“La amenaza a la vida de la población en general por parte del accionar de criminales sigue siendo grave y los organismos estatales que deben garantizar los derechos de la sociedad a menudo se convierten en agentes de violaciones de esos derechos”, comentó Roque a IPS.

El estudio “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, que analizó la situación existente al respecto el año pasado en 159 países, dedica más de cuatro páginas a Brasil, en las que se destacan la alta incidencia de los delitos violentos, así como el uso excesivo de la fuerza y hasta la aplicación de torturas de parte de las fuerzas encargadas de combatir el crimen.

Las fuerzas policiales de Río de Janeiro son un caso extremo, afirmó Roque, pues hay agentes que “usan el uniforme como instrumento para violar la ley y sumarse así al delito”.

El representante de Amnistía Internacional (AI) entiende que el Estado tiene dificultades para luchar contra esta nueva forma de delincuencia organizada.

“Este es un fenómeno que ha ganado visibilidad en los últimos tiempos y que pone de manifiesto, sobre todo, un proceso de deterioro de la seguridad pública, que no fue capaz de contener la expansión del crimen organizado en las propias filas de la policía”, puntualizó.

El despliegue en Río de Janeiro de las Unidades de Policía Pacificadora (comunitaria) ha sido una de las fórmulas eficaces para reducir la tasa de homicidios, pero esa estrategia comunitaria no ha sido ni tan rápida ni tan abarcadora como para alcanzar a las llamadas “milicias” (bandas parapoliciales).

“Si no se presta atención a la profundidad del problema, no se mejorará la situación de la impunidad y de los derechos humanos”, sentenció Roque.

El informe de AI también indicó que el sistema penitenciario de Brasil debería tener al menos 200.000 efectivos más para atender la gran cantidad de presos existentes en el país, que en general sufren “condiciones crueles, inhumanas y degradantes”.

Para Roque, el creciente aumento de la población carcelaria de Brasil, con 198 millones de habitantes, contribuye a que se perpetren atentados contra los derechos humanos en las penitenciarías, abarrotadas con más de 500.000 reclusos en todo el país, una cantidad solo superada por Estados Unidos, China y Rusia.

Además, más de 40 por ciento de esos presos aún no cuentan con sentencias firmes.

Una delegación de AI, que visitó el año pasado las prisiones del noroccidental estado de Amazonas para investigar la veracidad de las denuncias sobre malos tratos, encontró que los detenidos estaban “hacinados en celdas fétidas e inseguras”.

“Se recogieron varios informes sobre torturas, como el simulacro de ahogamiento por medio de bolsas de plástico, golpizas y la aplicación de descargas eléctricas, una práctica que en la mayoría de los casos son responsabilizados policías militares estaduales”, apunta el informe.

La vulnerabilidad indígena

La investigación de AI también aborda el tema indígena, deteniéndose en la situación de la etnia guaraní kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul, acosada por la intimidación, la violencia y las amenazas de expulsión de sus tierras ancestrales.

“Los líderes campesinos e indígenas de esa región son vulnerables a la violencia de terratenientes y el riesgo de muerte sigue siendo alto”, admitió Roque. Se trata de una “acción organizada de exterminio de un pueblo con la connivencia del Estado y la parálisis de la sociedad”, sostuvo.

El informe de AI cuestiona la publicación en julio de 2012 de una ordenanza de la Procuraduría General de la Nación, que permite el desarrollo de proyectos, mineros e hidroeléctricos y construcciones militares en tierras indígenas sin que se efectúen las consultas a las que tienen derecho según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos originarios y tribales, que Brasil ratificó en 2002.

Flavio Machado, coordinador regional del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), señaló a IPS que los pueblos indígenas sufren el “total desprecio” de las autoridades brasileñas y que afrontan una de las más graves situaciones desde los tiempos de la dictadura (1964-1985).

“Hay una ofensiva conjunta contra los pueblos indígenas, (cuyos miembros) son tratados como ciudadanos de segunda clase”, aseguró Machado, quien colaboró con AI para la parte indígena del informe anual.

Los 45.000 miembros de la etnia guaraní kaiowá constituyen la segunda mayor población indígena del país. La mayoría vive en pequeñas parcelas confinadas del sur del estado de Mato Grosso do Sul, soportando niveles de violencia y agresión superiores a la media nacional.

La tasa de homicidios de Brasil es de 27,4 por cada 100.000 habitantes, según el Mapa de la Violencia 2012. Pero en el pueblo guaraní-kaiowá, esa media trepa hasta 140 por cada 100.000 personas, explicó Machado.

En los últimos 10 años fueron asesinados 12 líderes indígenas solo en el estado de Mato Grosso do Sul, la mayoría de ellos de la etnia guaraní kaiowá.

“La violencia es ejercida por ganaderos y sicarios a sus órdenes. Hay una milicia para matar indígenas y evitar que sus tierras ancestrales sean demarcadas por las autoridades. Hasta ahora solo han sido reconocidas oficialmente 10 por ciento del territorio que les corresponde por ley”, denunció el CIMI, vinculado a la católica Conferencia Nacional de Obispos

Machado afirmó que el problema más grave que afrontan estos indígenas es el suicidio, angustiados por no ver perspectivas de futuro en sus vidas. Según los datos de la Dirección de Salud Indígena Especial del Ministerio de Salud, se registraron 611 casos de autoeliminación entre 2000 y 2012.

“Esta es la consecuencia del proceso de confinamiento en pequeñas parcelas sin posibilidades de desarrollo”, comentó.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no ha recibido a representantes de las comunidades aborígenes desde que asumió en enero de 2011, a pesar de haber hecho numerosas peticiones, cuestionó el CIMI.

La desmesura domina crecientemente las actitudes y opiniones políticas en España y con frecuencia, como si se tratase de un gen nacional, aparece en los comportamientos sociales.

Existen en España sobrados motivos para la indignación y aun para la ira, como en el caso de los inversores estafados o los desahuciados de sus viviendas. Pero es necesario hacer un esfuerzo para identificar las líneas rojas de la protesta como de la represión, más allá de las cuales se adivina la escalada irracional de la violencia.

El debate sobre la legitimidad democrática o no de ciertas formas de violencia que pudiéramos llamar suaves y sin derramamiento de sangre, ha surgido con fuerza con motivo de los escraches.

Se trata de una práctica injusta y también peligrosa, como ha advertido el ex primer ministro Felipe González. Así es porque asistimos a una escalada entre quienes pretenden demostrar la legitimidad democrática de los acosos a políticos del gobernante Partido Popular (PP) y quienes buscan descalificarlos con argumentos preocupantemente antidemocráticos.

Estoy de acuerdo con quienes advierten que lo singular de los escraches es que, al producirse ante los domicilios (y las familias) de representantes de un partido concreto, ejercen una presión injusta y de fuerte poder intimidatorio.

Que los hijos de los señalados tengan que escuchar los gritos que califican de asesinos o criminales a sus padres no puede ser una acción política amparada por la libertad de expresión.

Quienes justifican los escraches alegan que son los políticos, al no resolver el problema social de los desahucios, quienes no dejan otra alternativa para hacerse oír. Sostienen que el escrache es la reacción airada de un sector a la incapacidad mostrada por los representantes del pueblo para legislar conforme a la voluntad de los ciudadanos.

Planteado el problema y la necesidad de resolverlo, ¿qué hace el gobierno? Ignora el parecer mayoritario de las encuestas y el rechazo de muchos jueces y magistrados, y convierte en papel mojado el casi millón y medio de firmas de la Iniciativa Legal Popular (ILP), que solicitó la dación en pago retroactiva de las viviendas, la paralización de los desahucios y la aprobación del alquiler social.

Es cierto el sentimiento de indefensión y desesperación de quienes son forzados a abandonar sus viviendas (115 al día).

Cierta es también la parte de responsabilidad que en esas situaciones incumbe a los bancos que concedieron hipotecas con cláusulas abusivas y con valoraciones infladas.

La dación en pago debería ser consustancial a la naturaleza jurídica del contrato hipotecario, pues es el propio bien hipotecado la garantía del crédito. Si el banco, a través de una tasadora propia o afín, ha valorado el inmueble en una cantidad superior a su valor real, es su error (o su engaño) y su problema.

Y si involucra como garantías otros bienes y patrimonios, entonces es que está desvirtuando la naturaleza del contrato hipotecario, a mi juicio de una manera injusta y para obtener más beneficios. Nos habríamos ahorrado todos el factor burbuja inmobiliaria de esta pavorosa crisis, si la dación en pago hubiese sido preceptiva y obligada. Habría impedido los desmanes de constructores y bancos.

No menos cierta, además de explicable, es la impotencia al ver cómo una acción tan cívica y democrática como la ILP, suscrita por 1.402.854 ciudadanos, es menospreciada e ignorada por el grupo parlamentario que tiene la mayoría absoluta.

La insensibilidad de los partidos, antes de los socialistas y ahora del PP y su gobierno, es obvio que está en la génesis del problema, como ha señalado la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que el régimen hipotecario español es abusivo e injusto.

Todo ello presagia la continuidad del conflicto en la calle y en sede parlamentaria.

Reconocido y aceptado todo eso, que explica el apoyo ampliamente mayoritario de la sociedad española a lo que considera justa causa de los desahuciados, el escrache sigue siendo desmesura ilegítima que no tiene ni puede pretender el amparo de la ley.

Pero hay en este asunto algo que resulta preocupante: la reacción del partido de gobierno al calificar los actos de escrache como “nazis”. Y los excesos siempre son más censurables cuando son protagonizados desde el poder.

El 13 de este mes, María Dolores de Cospedal, presidenta de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, tildó los escarches de “nazismo puro”. De modo imprudente, además, afirmó que esa práctica “recuerda a la España de los años 30”.

Otros dirigentes populares se sumaron a la (des)calificación. Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, afirmó que quienes se oponen al desahucio son “unos energúmenos… epígonos de las juventudes hitlerianas o las patrullas castristas en Cuba”. Otros los llamaron “imitadores del matonismo de los seguidores de ETA en el País Vasco”.

Como han señalado algunos comentaristas, la reiterada utilización del término “nazismo” por parte de miembros del PP contra los activistas de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca es peligroso porque banaliza lo que realmente significa el nazismo.

Equipararlos con los nazis y los colaboradores de ETA no es solo un exceso inaceptable sino también un insulto a las víctimas del nazismo y de la ETA. Y al 59 por ciento de españoles que, por aceptar los escraches, habrían de ser considerados como nazis o etarras.

Que no sea equiparable a ETA o a los nazis no convierte en democrática esa forma de acción.

Pero, ¿cómo puede ponerse al mismo nivel lo que constituye una infracción administrativa, o quizás una falta por coacciones, con el exterminio de 11 millones de personas? Un partido democrático, y más en el ejercicio del poder, no puede recurrir a tal descalificación de quienes disienten de él, sin hacer sentir un escalofrío.

* Guillermo Medina, periodista y exparlamentario español.

Desde hace un mes, Gibson Severe y su esposa, Merjury Severe, simpatizantes de la oposición de Zimbabwe y originarios del distrito de Hurungwe, en la norteña provincia de Mashonalandia Occidental, se esconden en la capital del país.

Como ellos, muchos otros seguidores del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) se han visto obligados a abandonar sus hogares en Hurungwe, luego de ser amenazados por milicias que estarían vinculadas a la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (Zanu-PF).

“Ya pasó un mes desde que dejamos el distrito de Hurungwe, luego de que la milicia Jochomondo, vinculada al Zanu-PF, puso cerco a nuestra casa acusándonos de instar a la población a registrarse para votar al MCD”, dijo Severe a IPS.

Desde el año pasado, la milicia de Jochomondo habría aterrorizado a los residentes de Hurungwe, un baluarte del Zanu-PF, haciendo casi imposible que los partidos de la oposición realicen campaña.

Severe dijo a IPS que las elecciones en este país de África austral se ven siempre afectadas por las amenazas y la violencia.

“Esta no es la primera vez que hemos sido víctimas de intimidación. En la campaña presidencial de 2008 fuimos golpeados por ser simpatizantes del MCD”, señaló.

Las próximas elecciones presidenciales de Zimbabwe están previstas para fines de este año, aunque aún no se ha fijado la fecha exacta de la votación.

El presidente Robert Mugabe, de 89 años, ocupa el cargo desde hace 33 años. Su gobierno se ha caracterizado por la corrupción, la opresión, el acaparamiento de tierras y una economía tambaleante.

El primer ministro Morgan Tsvangirai informó a los medios de comunicación que la fecha de los comicios será fijada una vez que se complete el proceso de inscripción de votantes.

Con ese fin, se lanzó un proceso de registro móvil, mediante oficinas temporales de inscripción en distintas partes del país.

Ese operativo concluyó el 19 de este mes, pero los zimbabwenses todavía pueden inscribirse directamente en el Registro General de votantes.

Todo el proceso de inscripción se ha caracterizado por lentitud burocrática y por intimidaciones de grupos violentos, supuestamente vinculados al Zanu-PF.

Pedzisai Ruhanya, director del independiente Instituto de la Democracia en Zimbabwe, dijo a IPS que el proceso ha sido caótico.

“La experiencia del sistema de registro móvil de votantes no ha sido adecuada. Fue caótica y se caracterizó por la manipulación política”, señaló.

Las milicias vinculadas al Zanu-PF, que se llaman a sí mismas Al Shabaab, al igual que el grupo radical islámico somalí, estarían amenazando también al electorado en la central provincia de Midlands.

“El sistema móvil de registro irritó a los secuaces del Zanu-PF, que dirigieron su furia contra los maestros de las comunidades rurales, advirtiéndoles que no votaran por los dos sectores del MCD”, dijo a IPS un funcionario de Midlands.

El partido opositor se dividió en 2006 en dos facciones: el MDC-T, liderado por Tsvangirai, y e MDC-N, encabezado por Welshman Ncube.

Funcionarios de Marondera, capital de la provincia de Mashonalandia Oriental y a unos 72 kilometros al este de Harare, dijeron que los aldeanos fueron obligados por milicias a participar del proceso de registro.

“Los pobladores sufrieron abusos por parte de milicianos del Zanu-PF, que cantaban canciones de la guerra de liberación y eslóganes del partido, y que los obligaron a registrarse para votar”, dijo Marondera a IPS.

Policías de los pueblos de Bindura y de Mazowe, en la provincia de Mashonalandia Central, 90 kilómetros al norte de Harare, dijeron que la población todavía vive con temor de que se repita la violencia de las pasadas elecciones. Muchos residentes no se animan si quiera a expresar públicamente a qué partido respaldan.

“Nadie usa camisetas del MDC-T aquí luego de las violentas elecciones de 2008, que dejaron a miles de personas heridas”, dijo un alto funcionario policial a IPS.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional denunciaron que la campaña presidencial de 2008 se llevó a cabo “en un contexto de extendidos casos de asesinatos, torturas y ataques contra supuestos partidarios de la oposición”.

Por su parte, Human Rights Watch indicó en un informe de este año, titulado “Race Against Time: The Need for Legal and Institutional Reforms Ahead of Zimbabwe’s Elections” (Carrera contra el tiempo: La necesidad de reformas legales e institucionales de cara a las elecciones de Zimbabwe), que más de 200 personas murieron en la violencia de 2008.

Hasta ahora no se realizó ningún arresto por los casos de supuesta intimidación. Mientras, el portavoz del Zanu-PF, Rugare Gumbo, minimizó las denuncias.

“No existen grupos terroristas vinculados a nuestro partido. ¿Por qué habríamos de someter a la población cuando es bien sabido que el MCD ha perdido votantes frente al Zanu-PF?”, dijo a IPS.

En tanto, el analista político Rejoice Ngwenya sostuvo que el proceso de registro móvil había sido deficiente.

“Fue desarticulado y débil, quizás en forma deliberada. No hay educación sobre el voto en Zimbabwe… La Comisión Electoral no tiene ni la capacidad ni la voluntad política” para informar a la población, dijo a IPS.

“Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos se esfuerzan al máximo, pese a los obstáculos de la Ley de Orden Público y Seguridad”, indicó.

La ley le da un poder extraordinario a la policía, y muchos señalan que Mugabe utilizó esto para intimidar a la oposición.

Grupos locales de derechos humanos también cuestionaron el proceso de registro móvil.

“Apoyamos la iniciativa, pero estamos preocupados por la forma en que se desarrolló en áreas rurales, donde integrantes del Zanu-PF distribuyeron formularios de adhesión al partido, señalando que eran necesarios para el registro”, dijo a IPS el director de la organización local Información y Educación Juvenil para un Cambio de Comportamiento, David Chidende.

También denunció que se instalaron varios centros de registro en los baluartes del Zanu-PF y pocos en las áreas dominadas por el MCD.

La muerte por tuberculosis de un joven senegalés tras una supuesta falta de atención médica reavivó en España el rechazo de organizaciones sociales hacia la ley promovida el año pasado por el gobierno, que excluye del sistema sanitario público a la mayoría de los inmigrantes en situación irregular.

“Hay casos de mujeres embarazadas y menores de edad extranjeros sin la documentación requerida que encuentran dificultades para ser atendidos en los hospitales y centros de salud. Hay bastantes incidencias”, lamentó a IPS la presidenta de la organización no gubernamental Andalucía Acoge, Sylvia Koniecki.

El Real Decreto Ley 16/2012 emitido el 20 de abril de 2012 por el gobierno español del derechista Partido Popular (PP) establece que, con independencia de su situación legal o irregular en el país, las mujeres extranjeras tienen derecho a asistencia sanitaria pública durante el embarazo, parto y postparto.

Según ese texto legal, los extranjeros indocumentados menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria gratuita “en las mismas condiciones que los españoles” y, de superar esa edad, deben ser atendidos en caso de “urgencia, enfermedad grave o accidente”.

La mayoría de los inmigrantes “sin papeles” tiene así limitado su acceso a los centros de salud. Pueden contratar un seguro público de 710 euros anuales (913 dólares), sin incluir medicinas, pero a un costo que no pueden solventar generalmente, según varias organizaciones.

El senegalés indocumentado Alpha Pam, de 28 años, falleció el 21 de abril en el hospital de Inca de Mallorca, en las orientales Islas Baleares, por una tuberculosis que no le fue diagnosticada a tiempo. Sus familiares denuncian falta de asistencia, mientras las autoridades dicen que fue debidamente atendido. Sin embargo, el director del nosocomio, Fernando Navarro, fue destituido este miércoles 22.

El caso fue denunciado el 17 de este mes ante la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, por Izquierda Unida, la coalición liderada por el Partido Comunista.

El gobierno de Mariano Rajoy, embarcado en una política de recortes fiscales y de derechos laborales, calculó un ahorro de 500 millones de euros (645 millones de dólares) con el retiro a partir de septiembre de 2012 de 873.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes irregulares, según el Programa Nacional de Reformas 2013.

“No habrá tal ahorro”, consideró Gabriel Ruiz, encargado del programa de inmigrantes de la organización no gubernamental Médicos del Mundo en la sureña ciudad de Málaga, porque al ser excluidos de la atención sanitaria primaria, aumentará el número de usuarios en los servicios de urgencias “y estos son más costosos”.

Ruiz dijo a IPS que la población inmigrante está en general en situación de exclusión social y por ello es más vulnerable a enfermedades derivadas del hacinamiento o la alimentación deficiente. “Al apartarla del sistema sanitario público no sólo ponemos en riesgo su salud, sino la del resto de la sociedad por posible propagación de enfermedades”, subrayó.

Desde el gobierno se justifica la reforma afirmando que el sistema de salud era un “coladero” para la inmigración irregular. Pero un informe de 2012 de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) concluyó que quienes más usan el sistema de salud pública son los propios españoles.

Las sedes de las delegaciones malagueñas de Médicos del Mundo y Málaga Acoge reciben a extranjeros con boletas de pago de atención de urgencias, hecho que contraviene lo estipulado en el decreto ley. “Llegan desesperados con facturas desorbitadas que acumulan intereses por no haber sido abonadas”, apuntó Ruiz.

El gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, también en manos del PP, informó el 8 de este mes que retirará todas las facturas que se hayan emitido indebidamente y devolverá el dinero cobrado en los servicios de urgencias a los inmigrantes.

Es que cada una de las 17 comunidades autónomas españolas ha aplicado el decreto de distinta forma. Andalucía, Cataluña, Asturias, el País Vasco e Islas Canarias se negaron a aplicarlo.

Entidades sociales andaluzas llaman la atención sobre los muchos casos que vienen recogiendo y que solucionan en su mayor parte al actuar como intermediarias con las autoridades.

Según Ruiz, “faltan directrices claras del gobierno local para todos los dispositivos sanitarios de Andalucía”.

“En una sola semana hemos tenido dos o tres casos de inmigrantes indocumentados a los que se les niega la atención primaria o se les deriva a otros organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando es el propio centro de salud el que debe gestionar la cobertura sanitaria”, declaró Ruiz.

Desde la Delegación Provincial de Salud malagueña reconocen que hay incidentes, que ya los había antes de que entrara en vigor el decreto, pero son “casos aislados” que la institución trata “de solventar en la medida de sus posibilidades”, explicó a IPS una portavoz de ese organismo público.

“No deberíamos tener ni un solo caso. Faltan instrucciones precisas de la administración autónoma a los hospitales y centros de salud para evitar que se produzcan incidentes”, indicó a IPS el director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina.

En un estudio de esta organización no gubernamental, realizado del 1 de septiembre al 17 de diciembre de 2012, se recogieron 42 casos en 20 centros de salud de seis provincias de Andalucía que afectaron a 69 inmigrantes, 77 por ciento de ellos en situación irregular.

El informe apunta que a 38 por ciento de los afectados se les negó la expedición de una nueva tarjeta sanitaria, a 23 por ciento la solicitud de consulta médica primaria, y a otro 23 por ciento se le emitió factura por la prestación médica realizada. Entre los afectados hubo ocho menores de edad y tres mujeres embarazadas.

Ruiz piensa que estos casos son la punta del iceberg de la crisis social y que el número de inmigrantes irregulares con problemas de atención o facturación indebida es mucho mayor.

En un recorrido por centros de salud malagueños de atención primaria, empleados confirmaron a IPS un descenso notable de la cantidad de inmigrantes irregulares que demandan asistencia, lo que achacaron a falta de información entre los usuarios sobre la continuidad de la asistencia en Andalucía a pesar del decreto.

Sin embargo, se han dado casos de recepcionistas que se han negado a atenderles. El informe de Málaga Acoge concluye que la mayoría de las incidencias en la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles se produjeron con el personal de atención al público en los centros sanitarios.

La última propuesta de la FAO, considerar a los insectos como parte del menú para combatir el hambre, repercute con especial énfasis en Colombia y México, dos países con tradición de entomofagia y gran diversidad biológica.

En México hay más de 300 especies comestibles de estos invertebrados, según un estudio que publicaron este mes el Departamento de Entomología de la holandesa Universidad de Wageningen, y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Pero investigaciones nacionales reportan más de 500 en el centro, sur y sudeste de México, país megabiodiverso y con una persistente pobreza que afecta a 47 por ciento de sus habitantes.

“Los insectos son una fuente viable y económica de alimento de calidad que podría llegar a ser incluso mejor que alimentos industrializados que se consumen en la actualidad”, dijo a IPS la investigadora Julieta Ramos-Elorduy, del Instituto de Biología de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.

En su opinión, este país “está preparado para un consumo masivo, pero se necesita educar a la gente sobre técnicas y formas de comercializarlos. No hay preocupación por protegerlos. No hay medidas oficiales”, señaló la especialista que investiga desde la década de 1970 las bondades de estos bichos de edad milenaria y que ha reportado 549 especies comestibles.

La cuestión adquiere dimensiones ambientales, en especial en el Día Internacional de la Diversidad Biológica que se celebra este miércoles 22.

La ingesta de insectos o entomofagia es una tradición indígena en México, como constató el Códice Florentino, escrito por fray Bernardino de Sahagún (1499-1590) y que llegó a describir el consumo de 96 especies.

Algunos insectos contienen hasta tres veces más proteínas que un kilogramo de carne y presentan una concentración de nutrientes solo superada por el pescado, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

El menú mexicano de insectos se compone de chinches, gusanos, escarabajos, mariposas, larvas de hormigas y moscas, abejas, avispas y chapulines –un tipo de saltamontes–, presentes en casi todo el territorio. Se los prepara asados, fritos o en diferentes tipos de salsas.

Varios de estos manjares saltaron en las últimas décadas de las cocinas de hogares rurales y pobres a las mesas de restaurantes de moda.

En la ciudad de Mitla, cercana al sitio arqueológico zapoteco del sureño estado de Oaxaca, una pequeña empresa usa los gusanos (Hypopta agavis) del vegetal agave para elaborar una sal picante con que se acompaña el mezcal, bebida alcohólica que se destila de la misma planta.

“Nos basamos en una receta casera. La molienda se hace a mano y usamos una mezcladora manual. Empacamos también a mano”, dijo a IPS la gerenta comercial de la firma Gran Mitla, Diana Corona, que produce 300 kilogramos de sal de gusano por mes.Jaime Bernal Hadad: "Entrar a los bosques por grandes extracciones de insectos es muy delicado, porque estos se ubican en áreas de vida silvestre".

Un kilogramo requiere 300 gramos de gusanos molidos, otros 300 de chiles (ajíes picantes) secos y 400 gramos de sal.

Los gusanos se recogen entre agosto y octubre, luego se congelan para abastecer la producción, pues entre noviembre y mayo la recolección está vedada en todo el país.

La publicación de la FAO indica que más de 1.900 especies forman parte de dietas tradicionales de al menos 2. 000 millones de personas en todo el mundo. Los preferidos son escarabajos, orugas, abejas, avispas, hormigas, saltamontes, langostas y grillos.

La recolección y cría de insectos pueden generar empleos e ingresos y tienen potencial industrial, según los autores.

“Eso puede lograrse si los insectos se cultivan y comercializan en grandes cantidades. Pero los productores deben tener conciencia de que están perdiendo recursos”, señaló Ramos-Elorduy, quien investiga la productividad de especies de insectos del maíz y de la calabaza y formas para aumentarla.

“La técnica de recolección es la misma en todas partes, pero no hay legislación que estipule las técnicas adecuadas. La gente las desconoce. Además, se paga muy poco”, lamentó.

En un estudio, Ramos-Elorduy, Andrés Juárez y José Manuel Pino alertan: “este valioso recurso gastronómico, debido a diversos problemas ambientales y socioeconómicos, corre peligro de desaparecer”.

El trabajo, publicado en diciembre, concluye que “el impacto ambiental, el cambio cultural y el uso de la tierra hacen que el consumo de insectos se vea disminuido, principalmente entre los grupos de jóvenes”.

La productora Corona está de acuerdo en que se adopten normas para proteger estas especies. “Son necesarias regulaciones sobre recolección y comercialización. Es parte de la gastronomía mexicana y hay que cuidar el recurso”, sostuvo.

Por lo mismo, muchos recolectores son reacios a hablar de cómo y dónde extraen insectos.

El reporte de la FAO recomienda infraestructura automatizada y marcos regulatorios para una producción estable, confiable y segura. Además, hace hincapié en la posibilidad de que la biomasa de insectos se emplee como materia prima de la alimentación animal.

En Colombia, un manjar que se puede adquirir al paso es la crujiente hormiga culona (Atta laevigata), tostada y salada. El origen de este y otros platillos también es indígena.

Pero “entrar a los bosques por grandes extracciones de insectos es muy delicado, porque estos se ubican en áreas de vida silvestre”, advirtió a IPS el biólogo colombiano y planificador regional, Jaime Bernal Hadad.

Colombia tiene una pobreza que afecta a 32,7 por ciento de la población y es el segundo país más megabiodiverso del mundo, después de Brasil.

“En los ecosistemas tropicales, si bien hay gran diversidad de especies, la cantidad por especie es poca”, dijo Bernal Hadad. “Con grandes extracciones se pueden extinguir especies o generar desequilibrio ambiental”.

“Los cucarrones (escarabajos o coleópteros) en los árboles caídos de los bosques aportan a su descomposición y al equilibrio de esos bosques. Las avispas y abejas juegan un papel importante en la polinización”, describió. Y, “si bien hay grupos indígenas que consumen coleópteros, que son apetecidos, son grupos minoritarios que no alcanzan a causar problema”, dijo.

Para Bernal Hadad, criar insectos “es una opción interesante. Pero entran en juego otros factores, como el tema cultural de aceptación y consumo”.

“Por supuesto que en Europa puede considerarse exótico, pero si hablamos de poblaciones marginales en América Latina, el tema es distinto y hasta apabullante”, apuntó.

En la lucha contra el hambre “no se pueden descartar asuntos más estructurales”, advirtió. Y, además, “vale preguntarse si la propuesta podría ser controlada o si se vuelve otro método de afectación de la conservación, ya no por la ganadería y la madera, sino por los insectos”, reflexionó. Entonces seguiríamos reproduciendo la destrucción de los sistemas naturales, sin soluciones reales”.

Con aportes de Helda Martínez (Bogotá).

“Estaba oscuro y caluroso, con un asfixiante polvo por todos lados. En el aire dominaba el olor de los cuerpos descomponiéndose”, recordó Nasima, de 24 años, una trabajadora textil que pasó cuatro días enterrada bajo los escombros del edificio que colapsó en abril en la capital de Bangladesh.
La joven recordó el terror que ella y otras cuatro trabajadoras sufrieron cuando quedaron sepultadas por restos de vidrios, hierros y concreto del inmueble de ocho plantas.

Los equipos de rescate las encontraron entre las ruinas del quinto y del sexto piso del edificio Rana Plaza, en el suburbio de Savar, donde funcionaban cinco talleres textiles.

Nasima dijo a IPS que estaba “demasiado asustada” para recordar todos los detalles de esas 96 horas. “Mis colegas murieron una tras otra a pocos metros de mí”, contó. Se dio cuenta de que habían fallecido cuando dejó de escuchar sus voces llamándola en la oscuridad.

Nasima comenzó a trabajar en Ether Garments, una de las muchas compañías que funcionaba en el Rana Plaza, solo 20 días antes de la tragedia. Se trató del peor accidente industrial en la historia de Bangladesh, en el que murieron al menos 1.127 personas, según los últimos conteos.

Mientras las familias de las víctimas comenzaban a llegar desesperadas al lugar de la tragedia, surgían a la luz informes de falencias en las medidas de seguridad y de negligencia de parte de los responsables.

Rápidamente quedó claro que los dueños de la fábrica habían sido alertados sobre la posibilidad de un colapso del edificio, al que solo se le había autorizado operar hasta el quinto piso.

Cuando los sobrevivientes comenzaron a hablar, denunciaron que sus empleadores habían ignorado las recomendaciones de los ingenieros de cerrar las fábricas el 24 de abril, el día del desplome, y que incuso amenazaron a los trabajadores con el despido si no concurrían a trabajar.

Estas revelaciones desataron una indignación internacional y pusieron al descubierto la situación de la industria textil de Bangladesh, el sector que genera más divisas al país, unos 20.000 millones de dólares al año.

Empresas transnacionales como la sueca H&M, la irlandensa Primark y las estadounidenses Gap y Walmart, que subcontratan la mayor parte de su producción en Bangladesh para aprovechar la mano de obra barata,
en su mayoría femenina, ahora son blanco de duras críticas por no haber adoptado los estándares de seguridad.

Aunque estas acusaciones no son nuevas, grupos de derechos humanos esperan que la tragedia sacuda a la industria lo suficiente para que implemente mejores leyes laborales y adhiera a las reglas de seguridad.

Activistas destacaron, como contraste, que alrededor de 2.500 personas se ofrecieron para ayudar en el rescate, en su mayor parte mujeres.

Prueba viviente de la negligencia

Shapla, de 19 años, cuyo brazo izquierdo resultó tan gravemente herido que debió ser amputado en el mismo lugar del accidente, habló con IPS desde su cama en el hospital del Instituto Nacional de Traumatología y Rehabilitación Ortopédica de esta capital.

La joven recordó haber sobrevivido por varias horas atascada entre las ruinas del segundo y el tercer piso del edificio, “con sangre y cadáveres por todo alrededor”.

Mehedul, esposo de Shapla y quien trabajaba como operador de una máquina de coser en el mismo piso, dijo a IPS que sobrevivió por pura suerte, pues se encontraba en la parte de atrás edificio en el momento en que la estructura se vino abajo.

La mayoría de los trabajadores que se encontraban en la parte delantera del centro textil quedaron aplastados.

Algunos de los sobrevivientes, como Razia, de 21 años, sufren tanto dolor que preferirían la muerte. “¡Que alguien me dé veneno, quiero morir”, clamaba en la sala del hospital donde ella y otros 121 heridos son atendidos gratuitamente.

La joven dijo a IPS que simplemente escuchó una gran explosión y de pronto todo se puso oscuro.

En las siguientes 14 horas, tuvo que luchar para poder respirar a través del espeso polvo que la cubría.

Al lado de su cama en el hospital yacía Shamsul Alam, un inspector de calidad, de 28 años, quien sufrió heridas en su espina dorsal que, según los médicos, son “demasiado difíciles de operar” y podrían terminar siendo fatales.

El trabajador dijo a IPS que ahora sabe “cómo es estar dentro de un ataúd”, al explicar lo que se sentía estar postrado en una cama.

Mientras, el trauma borró por completo la memoria de otros
sobrevivientes. Un operador llamado Runu estuvo dos días bajo los escombros antes de ser rescatado. Hoy es incapaz de recordar nada de la jornada de la tragedia.

Los que sí recuerdan, prometieron no volver a trabajar en un taller. “Recurriré a mendigar si tengo que hacerlo, pero nunca volveré a trabajar en una fábrica textil”, dijo a IPS la joven Mariam, de 25 años, cuyas piedras y brazos fueron destrozados por el concreto y las barras de hierro.

“Nací de nuevo”, reconoció la trabajadora Shakhina. “No cometeré el error de volver a una trampa mortal”.

Mientras, grandes exponentes de la industria están finalmente adoptando medidas de seguridad.

A.K.M Salim Osman, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Tejidos de Punto, dijo a IPS que el incidente de abril era un “gran toque de atención”.

“Si seguimos ignorando estrictos estándares éticos de seguridad, nos equivocaremos de nuevo”, admitió.

Osman dijo que la ratificación por el sector textil del Acuerdo por la Seguridad de los Edificios y contra el Fuego es un paso en la dirección correcta.

Según el convenio, un comité tripartito conformado por representantes de cada compañía, por trabajadores y por un inspector neutral, elegido por la Organización Internacional del Trabajo, debe vigilar la implementación de los estándares de seguridad establecidos en los desatendidos protocolos vigentes.

“Si es necesario, obligaremos a las fábricas (con defectos) a cerrar hasta que se cumplan esas pautas”, dijo Mohammad Shafiqul Islam, expresidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh, en diálogo con IPS.

Luis Shabi recuerda con nostalgia sus nueve años de noviciado en Roma y un viaje en automóvil por toda Europa antes de volver a Iraq en 1969. “Eran otros tiempos”, suspira el arzobispo caldeo de Bagdad en un búnker en el corazón de la capital iraquí.

Su oficina se encuentra en el sótano de la iglesia de Santa María del Rosario, en el este de la ciudad. Es un templo humilde, pero protegido por muros de hormigón, alambre de púas y soldados en guardia junto a un vehículo blindado.

“Hemos sido siempre un pueblo pacífico y trabajador, con una reputación de contribuir a la cultura iraquí con numerosos escritores, poetas, filósofos…”, apunta el prelado cristiano caldeo, vestido con una sotana inmaculada y tocado con un bonete rosa.

“Pero desde 2003 los extremistas han reforzado la imagen de que somos una especie de ‘recién llegados’, algo así como una ‘extensión de Occidente’ en Medio Oriente”, añade Shabi, pasando del inglés al italiano sin transición. El hecho de que hubiera algunos ministros cristianos durante el régimen de Saddam Hussein (1979-2003) “no hace sino empeorar las cosas”, subraya.

“¿Qué ha hecho Europa para ayudarnos? ¿Y Roma? Ni las autoridades civiles ni las religiosas en Europa han movido un dedo por nosotros en el peor momento de nuestra historia”, lamenta.

Tras la diezmada comunidad mandea de Iraq –nueve de cada 10 miembros de esa antigua religión del mundo mediterráneo murieron o huyeron desde 2003–, la cristiana fue la más castigada durante la última década.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sostiene que aproximadamente la mitad de la población cristiana abandonó el país a partir de 2003, cuando comenzó la ocupación estadounidense.

Por otra parte, el Consejo Asirio de Europa señala a la propia Constitución iraquí como una de las culpables de la marginación que sufren las minorías.

“El Islam es la religión del Estado y fundamento básico de su legislación”, estipula el artículo 2.1 de la carta magna iraquí de 2005.

“No somos árabes sino semitas. Hablamos arameo y llevamos en Mesopotamia desde los tiempos de Hamurabi. Somos hijos de Abraham y de Nabucodonosor, pero nuestro futuro en Iraq no pasa de mañana”, exclama el arzobispo Shabi bajo toneladas de piedra y hormigón.

A 10 minutos a pie de ese lugar se alza majestuosa la espigada y vanguardista fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tras pasar un laberinto de charcos, fango y cemento, agentes uniformados en camuflaje gris del Ministerio del Interior gestionan el acceso al templo. El edificio fue reformado el año pasado, pero aquí nadie olvida. Imad Yokhana Yago: "Una región autónoma cristiana en Nínive protegería a nuestra comunidad y haría las veces de zona de amortiguación entre los grupos enfrentados”.

“Eran cinco. Saltaron por encima de los muros de hormigón y entraron a tiros en la iglesia gritando ‘Dios es grande’. Decían que pertenecían al Estado Islámico de Iraq (grupo sunita vinculado a Al Qaeda). Fue el 31 de octubre de 2011. Estábamos en misa”.

El trágico episodio permanece imborrable en la memoria de Aysur Said, el actual párroco. Su antecesor, el padre Wasim Tabih, fue uno de los 50 asesinados en el peor ataque que ha sufrido esta comunidad desde 2003. “Algunos murieron por los disparos y otros asfixiados. A varios los encerraron en una habitación que usamos para vestirnos. No tiene ventanas y el aire se acabó enseguida”, relata Said a IPS.

Después del atentado, los cristianos de Iraq reclamaron una región autónoma propia en las llanuras de la región de Nínive, en el noroeste del país.

Se trata del lugar en el que la Biblia sitúa el jardín del Edén, pero hoy también es zona en litigio entre kurdos y árabes. A 350 kilómetros al noroeste de Bagdad, Mosul es su capital administrativa, escenario desde diciembre de multitudinarias protestas antigubernamentales.

Bashiqa, a 30 kilómetros de Mosul, es una de las ciudades que muchos cristianos reclaman para su proyecto autonomista. Desde la iglesia asiria ortodoxa de Mart Shmouni, el párroco Daniel toma distancia del reclamo, recordando “la importancia de la unidad entre los iraquíes”. Pero este religioso de 23 años reconoce que no es fácil.

“La nueva autoridad en Bagdad no es capaz de protegernos, por lo que nuestro pueblo sigue huyendo en masa”, describe.

“No obstante, durante los últimos meses hemos acogido a muchísimas familias cristianas llegadas desde Siria que piden refugio en nuestros monasterios e iglesias. Muchas han huido precipitadamente y llegan casi sin nada”, añade sobre la guerra en el vecino país este joven que presume de ser el sacerdote más joven ordenado en Iraq.

A pesar de su cercanía con la inestable Mosul, Bashiqa disfruta de una relativa estabilidad, algo que el sacerdote atribuye al despliegue de soldados kurdos en la zona.

“Para muchos, Bashiqa es un alto en el camino en su huida hacia la Región Autónoma Kurda, donde la seguridad es completa”, explica el párroco.

Kirkuk –230 kilómetros al noroeste de Bagdad– también languidece en una suerte de limbo legal entre la capital del país y el gobierno regional kurdo.

Desde allí, Imad Yokhana Yago, diputado por el Movimiento Democrático Asirio, denuncia el “genocidio a manos de islamistas” y la “huida en masa” de su pueblo a la vez que aboga por un proyecto a la medida de su menguante comunidad.

“Tenemos miedo a una nueva guerra por las tensiones entre kurdos y árabes sunitas y chiitas”, dice Yago a IPS. “Una región autónoma cristiana en Nínive protegería a nuestra comunidad y haría las veces de zona de amortiguación entre los grupos enfrentados”, añade el parlamentario.

Pero es un proyecto controvertido y hay quienes temen que dicha región se convierta en una especie de gueto al que desplazar al pueblo cristiano.

Desde la dirección del Movimiento Cristiano Asirio, Yousif Eisho discrepa: “La represión que estamos sufriendo no llega únicamente desde los árabes de Iraq”.

“Irán, Arabia Saudita, son muchos los agentes extranjeros involucrados en la limpieza étnica de nuestro pueblo”, asegura este hombre de profundos ojos azules. “Ese gueto acabará siendo una realidad si se sigue permitiendo la injerencia desde el exterior”.

El Instituto de Suelos del Ministerio de la Agricultura (IS) implementó 17 áreas de estudio de diferentes zonas cubanas, como parte de un programa nacional de manejo sostenible de la tierra, dirigido a productores y profesionales agrícolas.
“Trabajamos en la creación de otros 16 polígonos demostrativos, que representan los ecosistemas locales y donde se establecen medidas a tomar para la conservación del suelo, el agua y los bosques”, dijo a Tierramérica el director de investigaciones del IS, Bernardo Calero.

Las 15 provincias cubanas cuentan con al menos una zona de estudio. Los mayores resultados se registran en las orientales de Las Tunas y Guantánamo, apuntó Calero. El programa incluye capacitaciones y visitas técnicas de especialistas, para mostrar alternativas de conservación, como la agricultura sin labranza y el uso de abonos orgánicos.

Honduras espera ser admitida como país candidato a fines de mayo en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas inglesas), que se reunirá en Sydney, Australia.
El alto representante y coordinador nacional para la EITI, Roberto Herrera, dijo a Tierramérica que se han llenado algunos requisitos de admisión como contar con un reglamento, un plan de trabajo y un memorando de entendimiento, “que confiamos se ajuste a los requerimientos de la EITI”.

Herrera dijo que el 25 de marzo, Honduras fue calificada como país aspirante en el sitio web de la EITI y se ha logró una buena coordinación entre sectores de sociedad civil, gobierno y empresarios, como parte de la coalición que demanda este proceso.

La EITI  promueve la transparencia y rendición de cuentas de los pagos de regalías e impuestos que las empresas que explotan hidrocarburos y minerales hacen a los estados, así como del uso que se da a esos recursos.

Un aumento de la deforestación amazónica puede disminuir en un tercio la potencia generadora de la central hidroeléctrica de Belo Monte, que se construye en el río Xingú como la tercera más grande del mundo, concluyó un estudio del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM).
La investigación simuló distintas posibilidades de generación de electricidad con diferentes grados de deforestación de la cuenca amazónica, combinando conocimientos de hidrología, ecología, ciencias de la tierra, climatología y economía.

Con más bosques, más energía, fue la conclusión general.

“En las condiciones actuales de deforestación, la producción ya será de seis a siete por ciento inferior a la que habría sin deforestación”, dijo a Tierramérica la autora principal del estudio, Claudia Stickler.

“Los bosques influyen directamente en el ciclo de lluvias y en consecuencia en el volumen de agua de los ríos. Ese es un aspecto que los planificadores de esas centrales necesitan observar mejor”, concluyó.

En sitios remotos de Brasil, la población indígena empieza a adueñarse de su derecho a no pasar hambre y descubre que seguridad alimentaria es mucho más que un plato de comida sobre la mesa.

Rosiléia Cruz, de 19 años, sueña con estudiar periodismo. Elige las palabras con cuidado al dar esta entrevista a Tierramérica por teléfono celular desde Tabatinga, en el noroeste de Brasil, adonde solo se puede llegar en avión o por río.

Ella es parte del pueblo indígena ticuna, uno de los más numerosos de este país, situado en la región del Alto Solimões, cerca del río del mismo nombre y próximo a las fronteras con Perú y Colombia.

La tierra de sus antepasados fue invadida durante décadas por “seringueiros” (extractores artesanales de caucho), pescadores y madereros, que dejaron un rastro de pobreza y destrucción.

Hasta hace unos tres años, jóvenes como Cruz carecían de perspectivas y buscaban alivio en el alcohol y el suicidio.

Pero en enero de 2010, el Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Mujeres e Infancia Indígenas abrió una puerta de esperanza, con actividades para crear soluciones agrícolas y alimentarias, pero sobre todo formación y toma de conciencia.

Cruz integra un grupo de 50 jóvenes de los pueblos ticuna y kokama que participaron de talleres de comunicación en cada escuela. En la comunidad Umariaçu II de Tabatinga, aprendió a entrevistar, tomar fotografías y producir un diario mural y programas de radio.

Ella se maravilló con la posibilidad de empuñar un micrófono o una cámara para interrogar al cacique de la aldea sobre problemas comunitarios, explicar a las madres gestantes la importancia de amamantar o informar a niñas y niños sobre hábitos saludables, bebidas gaseosas, alimentos procesados y frutas de la región.

“Hay mucho joven al que podemos rescatar de la bebida”, explica. “Acabamos de hacer un periódico sobre el Día del Indio (19 de abril), y voy a participar de la Semana del Bebé Indígena”.

El objetivo de los talleres es motivar a la juventud para que promueva y defienda sus derechos. Un acuerdo con un canal de televisión local permitió que los jóvenes se entrenaran en el uso de los equipos donados por el Programa. La radioemisora de Tabatinga cedió un espacio de su programación sabatina para que los jóvenes emitieran su programa.

El grupo también usa las “bocas de hierro”, altoparlantes colocados en postes de la aldea, para hacer llegar su mensaje. Los diarios murales se despliegan en paredes de policlínicas y escuelas, y los talleres sobre Internet les permiten alimentar un sitio propio, que se lanzará el 21 de este mes.

Concluidos los talleres, sus participantes van a diseminar lo aprendido a otros estudiantes. Asociaciones con prefecturas, universidades y organizaciones indígenas van a permitir la continuidad, e Internet va a servir para divulgar lo hecho, ampliar la comunicación e inspirar a otros adolescentes.

Estas experiencias hacen parte de un proyecto más amplio para ayudar a ticunas y kokamas a organizarse para reclamar salud, educación y participación económica y política.

El Programa es una iniciativa del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que cuenta con una donación del gobierno de España, y su ejecución está a cargo de varias agencias de las Naciones Unidas, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en asociación con el gobierno de Brasil.

El Programa, ahora en la etapa de sistematizar datos y evaluar resultados, pues debe concluir en junio, se enfocó en los municipios de Tabatinga, Benjamin Constant y São Paulo de Olivença, del noroccidental estado de Amazonas, y en Dourados, Mato Grosso do Sul (sudoeste), donde viven en total 53.000 indígenas.

Esas zonas se eligieron por sus problemas de desnutrición, consumo de drogas y violencia y por ser sitios poco o nada accesibles. La expectativa es que los buenos resultados que se anticipan puedan expandirse a otras regiones del país, dice a Tierramérica el coordinador nacional del Programa, Fernando Moretti.

En estos tres años y medio se tradujo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales a las lenguas guaraní, terena y ticuna. Brasil ratificó esta convención en 2002, pero su aplicación sigue siendo un desafío.

También se publicó un libro con la percepción de 25 niñas, niños y adolescentes de aldeas de Mato Grosso do Sul y del vecino Paraguay sobre seguridad alimentaria y nutricional. El trabajo, que reproduce fotografías, cartas y objetos de arte, se distribuirá en una edición bilingüe, portugués-guaraní, en escuelas, bibliotecas y centros de cultura.

“Cuando se habla de seguridad alimentaria, no se trata solo de producción de alimentos, sino también de capacitación en salud y de autoestima”, explica Moretti.

Las acciones buscan incentivar a la gente para que use de manera sostenible la diversidad biológica y agrícola de la zona.

Las poblaciones accedieron a asistencia técnica rural y orientación para implantar sistemas agroforestales –que combinan cultivos con aprovechamiento sostenible y recuperación del bosque local– y huertas escolares. En Dourados, los indígenas reintrodujeron la yerba mate y otras especies nativas con gran potencial comercial.

En la aldea de Panambizinho, se construyeron dos viveros y los habitantes aprendieron a fabricar cocinas ecológicas, que reducen el consumo de leña, preservan el ecosistema selvático y disminuyen la nociva emanación de humo.

También se discutieron conceptos y prácticas de alimentación saludable y prevención de enfermedades. La concientización y las oportunidades permitieron que el proyecto creciera naturalmente, según Moretti.

Algunas familias iniciaron huertos en sus casas. Se entrenó a agentes indígenas para medir y pesar a bebés y niños, de modo de entregar información sobre estas poblaciones al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

En Alto Solimões, la OIT está apoyando a una asociación de artesanas con un estudio de mercado para que sus productos puedan llegar a ferias y compradores.

Para Moretti, lo más importante fue fortalecer las instituciones y ampliar la interacción con la población aborigen. A partir de ahora, esta cuenta con dos representantes en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, órgano directriz de la política de Hambre Cero, que inició el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). Los indígenas también se están organizando para participar en los consejos municipales.

En Dourados, el gubernamental Fondo Nacional del Indio y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia organizaron un coloquio para tender una red de protección a la infancia y adolescencia indígenas y definir qué hacer ante casos de maltrato, abandono y alcoholismo. La experiencia se repetirá entre el 17 y el 19 de junio con las comunidades del Alto Solimões.

También se hizo un etno-mapeo, que incluye la identificación de lo que produce cada región. Estas “son herramientas que van a poder utilizar los propios indígenas”, confía Moretti.

* Este artículo fue publicado originalmente el 18 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

“El ser humano es lo único importante”, dice el agrónomo Miguel Ángel Salcines, y luego enumera otros elementos, secundarios a su juicio, que convirtieron al Vivero Alamar en un agronegocio próspero y singular en la deprimida agricultura cubana.

“Brindamos un horario flexible, salarios bastante altos y superación profesional, entre otras ventajas que hacen atractiva a la cooperativa. Así captamos recursos humanos de buena calidad, imprescindibles hoy para producir más alimentos ecológicos”, aseguraa Tierramérica* Salcines, presidente de Vivero Alamar, cuya producción está libre de químicos desde 2000.

El cóctel de esta empresa agropecuaria incluye también transparencia contable, reparto equitativo de ganancias, préstamos sin intereses a los trabajadores, almuerzo gratis y apoyo a las mujeres con hijos y personas a su cargo, que pueden llegar hasta una hora más tarde del comienzo de la jornada, a las siete de la mañana.

El capital humano fue decisivo para el despegue productivo de este emprendimiento, fundado en 1997 en un terreno inicial de 800 metros cuadrados en la localidad costera de Alamar, unos 15 kilómetros al este del centro de La Habana. Por eso, el veterano Salcines sostiene que para lograr seguridad alimentaria en Cuba se necesitan trabajadores agrícolas con más vocación y estudios.

En 2012, los precios internacionales de los alimentos se dispararon por malas cosechas en varios centros productores, como Estados Unidos. Los países caribeños, importadores casi netos de comida, fueron los más afectados del área, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La desnutrición afecta a menos de cinco por ciento de la población de Cuba, pero este país tuvo que erogar el año pasado algo más de 1.633 millones de dólares en alimentos importados, una cifra insostenible para una economía en crisis desde hace más de 20 años, según especialistas.

Disminuir ese gasto millonario con mayor producción nacional sigue siendo un reto para el gobierno de Raúl Castro. De hecho, en el primer trimestre de este año, la Oficina Nacional de Estadística e Información registró un descenso de 7,8 por ciento en la agricultura no cañera.

“Falta mucha demanda por satisfacer, por eso vendemos todo lo que producimos”, explica Salcines, fundador de la Unidad Básica de Producción Cooperativa, que hoy se extiende a 10,14 hectáreas y siembra más de 230 variedades (la mayoría vegetales y algunas frutas, granos y tubérculos), en superficies protegidas, semiprotegidas y a cielo abierto.

En medio de una agricultura poco eficiente, Vivero Alamar crece desde hace más de 15 años gracias a la constante actualización de su manejo ecológico, apreciado incluso por el director general la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, quien visitó la finca a inicios de este mes.

En 2012, se obtuvieron 400 toneladas de vegetales, otras 5,5 de plantas medicinales y espirituales (usadas en rituales religiosos), 350 de humus de lombriz y 2,6 toneladas de condimentos secos.

También se produjeron 30.000 posturas de plantas ornamentales y frutales y tres millones de plántulas de cepellón, destinadas a sus siembras y a la venta a otros campesinos, según Salcines.

Las hortalizas, sobre todo la lechuga, son los productos más buscados por las familias de Alamar, que, como las del resto de Cuba, comenzaron a aprender hace algunos años los beneficios de incluir más vegetales en una dieta basada en arroz, frijoles, “viandas” (tubérculos) fritas y carne de cerdo.

“La primera vez que sembramos coliflor, en 2000, se quedó toda en el campo porque nadie la conocía”, dice a Tierramérica la ingeniera en sanidad vegetal Norma Romero. Para ella, uno de los aportes de las más de 33.000 fincas urbanas y suburbanas de Cuba es ampliar el acceso y consumo de vegetales.

Recetas para preparar ensaladas y hongos comestibles, un proyecto en ciernes de Vivero Alamar, acompañan las listas de productos en el punto de venta de la cooperativa, como parte de su estrategia comercial y educativa. Los estantes se surten además con encurtidos y pasta de ajo, resultados de contar con una pequeña industria propia.

Pese al sello ecológico, estos productos tienen precios más bajos que los cultivados con agroquímicos y que venden los mercados agropecuarios privados, conocidos como “de libre oferta y demanda”.

“Los precios asequibles son lo más atractivo… Un mazo de lechuga cuesta aquí cuatro pesos cubanos (cinco centavos de dólar), mientras que en todas partes vale 10 pesos”, dice a Tierramérica una clienta asidua, Sonia Ricardo. “Los vegetales están frescos, no tienen insecticidas y las vendedoras son muy rápidas”, agrega.

Esos precios permiten a la cooperativa obtener buenas ganancias, asegura a Tierramérica el jefe de producción, Gonzalo González. Ochenta y cinco por ciento de los productos se venden directamente a la población y el resto van a empresas turísticas, como la emblemática Bodeguita del Medio de La Habana.

Desde que arrancó, con cinco personas, la finca avanza paso a paso hacia una producción de ciclos cerrados, que minimiza la generación de residuos y daños ambientales.

“Intentamos salir a comprar afuera la menor cantidad posible de insumos”, amplía González. De ahí surgió “la idea de obtener nuestro estiércol y varios bioplaguicidas y fertilizantes”, indica.

El Vivero ceba toros para obtener estiércol, tiene naves de humus de lombriz y reproduce micorrizas (hongos que favorecen el crecimiento de la planta), insectos y microorganismos eficientes para elevar sus rendimientos. Además, está vinculada a 17 centros científicos para incorporar nuevas técnicas y productos ecológicos.

Ahora, las 195 personas que laboran aquí buscan elevar la explotación en 40 por ciento para tocar el techo productivo, y ampliar la cría de conejos y carneros con el objetivo de incluir carne en sus ventas y mejorar el consumo de proteínas entre la población cercana, unas 30.000 personas.

La plantilla laboral se integra con 175 cooperativas y 20 empleados, y tiene un alto grado de formación, pues hay 92 con formación universitaria y 42 de nivel técnico. Las mujeres son solo 46.

“Una finca puede ser más que generar alimentos”, dice Salcines mientras mira a un grupo de turistas extranjeros que reservaron una visita guiada y un almuerzo ecológico en Vivero Alamar.

* Este artículo fue publicado originalmente el 18 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.